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La ley dormida de los grandes simios despierta

Hoy nos reunimos en la sede del ministerio con el Ministro Pablo Bustinduy para presentarle una solicitud formal para constituir un grupo de trabajo técnico, integrado por juristas expertos en derecho animal, primatólogos y profesionales del bienestar animal.

Publicado: 13.10.2025

Fundació MONA, Instituto Jane Goodall España, Fundación Rainfer, AAP Primadomus, Proyecto Gran Simio España y la Fundación Animal Guardians, remitiremos hoy al Ministro Pablo Bustinduy una solicitud formal para constituir un grupo de trabajo técnico, integrado por juristas expertos en derecho animal, primatólogos y profesionales del bienestar animal.
La Ley 7/2023 de Protección Animal mandataba que, tres meses después de su entrada en vigor, el gobierno presentaría una Ley de Grandes Simios, pero más de dos años después, aún no ha sido publicada.

En el contexto de las recientes iniciativas ciudadanas y profesionales por la aprobación de una Ley de Grandes Simios, las principales organizaciones especializadas han alcanzado un acuerdo conjunto con el objetivo de fortalecer y dar coherencia técnica al anteproyecto legislativo que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Asimismo, las entidades firmantes le haremos entrega de una serie de requisitos mínimos que la futura ley debería incorporar para cumplir con los compromisos científicos, éticos y legales adquiridos y que las organizaciones hemos consensuado.

Este consenso se une a una carta al ministro a la que se han adherido más de 150 organizaciones y una petición pública con más de 72.400 firmas.

“Pedimos una ley basada en la ciencia, que reconozca la complejidad emocional y cognitiva de estos seres. No es solo protección, es un deber moral”, ha señalado Olga Felíu, directora de Fundació MONA.

“Desde Fundación Rainfer trabajamos cada día con grandes simios rescatados. Sabemos de primera mano lo que necesitan para tener una vida digna. Esta ley no puede construirse sin escuchar a quienes los cuidamos”, ha afirmado Marta Bustelo, directora de la Fundación Rainfer.

“El legado de Jane Goodall nos interpela: proteger a los grandes simios es una deuda histórica con nuestros parientes evolutivos más cercanos. Esta ley debe ser un paso firme en esa dirección”, ha añadido Laia Dotras, directora ejecutiva del Instituto Jane Goodall en España.

“Llevamos décadas reclamando este avance. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Esta ley debe prohibir su explotación, garantizar sus derechos básicos y poner fin al uso comercial de grandes simios en España”, ha concluido Pedro Pozas, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio.

“Es fundamental que esta ley no solo se apruebe, sino que lo haga con un contenido sólido y riguroso. Nuestro compromiso es aportar toda la experiencia acumulada para que España lidere esta normativa a nivel mundial”, ha declarado Marta Esteban Miñano, portavoz de Fundación Animal Guardians.

El papel de los centros de rescate puede ser clave en la elaboración de esta norma

De hecho, no sería la primera vez que los centros de rescate colaboramos con las autoridades. Por un lado, desde hace más de 25 años, cada centro asume el cuidado veterinario, la rehabilitación y la manutención de los primates confiscados por el Estado, ahorrando una ingente cantidad de dinero al erario público, ya que contamos con nuestros propios donantes y actividades educativas y de formación para hacer frente a los gastos de funcionamiento.

Por otro lado, hemos participado en cuestiones técnicas y científicas que deben sustentar la correcta elaboración de la nueva ley. Entre los antecedentes técnicos destaca el informe “Proyecto Pan troglodytes”, presentado en 2023 al MITECO por Olga Feliu (directora general de Fundació MONA), quien destaca que “elaborar este informe ha sido un trabajo de varios años, pero sin duda ha valido la pena, porque por primera vez el Estado conoce el número, la situación actual y localización de todos los chimpancés que ha confiscado, así como su progenie”. En este informe, además, ya se proponen medidas operativas y de mejora del bienestar, un primer manual en el que esta nueva ley pueda apoyarse.

“Elaborar este informe ha sido un trabajo de varios años, pero sin duda ha valido la pena, porque por primera vez el Estado conoce el número, la situación actual y localización de todos los chimpancés que ha confiscado, así como su progenie”, Olga Feliu

Próximos pasos

Las organizaciones proponemos que este grupo de trabajo funcione entre octubre y diciembre de este año, con el objetivo de entregar un borrador técnico y consensuado antes del 31 de diciembre, listo para su tramitación.